Autores:
Henry Chávez, Daniel Vizuete, Belén Gualavisí
Abstract:
El marco regulatorio -fuertemente desarrollado en Europa- está casi ausente en América Latina: la primera ley de protección de datos personales en Ecuador recién fue aprobada en abril de 2021 y su aplicación es aún incierta (Greenleaf 2014; Bellanova 2017; Couldry y Yu 2018; Bennett 2011; Roldán 2021; APC 2021). Más allá del vacío legal, existe una falta de conocimientos, know-how y habilidades técnicas para dominar estas nuevas tecnologías. El análisis de la literatura producida en América Latina sobre estas tecnologías emergentes muestra que las promesas sobre sus posibles usos circulan mucho más rápido que el conocimiento concreto para controlarlas. En efecto, las experiencias de aprendizaje tecnológico todavía incipientes no han creado trayectorias sostenibles para el desarrollo de estas tecnologías (DuBois 2020; Byers 2015; Katz 2018; Quelal y Villavicencio 2018). El resultado es un aumento de la brecha digital entre los países del Norte y del Sur, pero sobre todo una fuerte dependencia de estos últimos de las transnacionales digitales que proporcionan soluciones llave en mano (Kwet 2019; Kleine y Unwin 2009). En línea con los el trabajo realizado en el FDA 2019-2021 sobre el big data en Ecuador (Chavez, Albornoz y Martín, 2022) usamos una aproximación bibliométrica para identificar trayectorias académicas, redes de colaboración científica, redes de citación y clusters temáticos para identificar los principales centros de producción/reproducción, así como los flujos de conocimientos y know-how sobre estas tecnologías. A partir de estos análisis, nos servimos de ciertos aportes de la teoría del actor red (Latour, 1992, 2005; Callon, 1986) para el análisis de las interfaces entre los conocimientos sobre estas tecnologías y sus usos por parte de las instituciones públicas y privadas. Prestamos especial atención a los actores movilizados por la producción de datos masivos (instituciones públicas, subcontratistas, proveedores de servicios), pero también al mercado de la experiencia a nivel local y, por otro lado, a la circulación del conocimiento, a nivel nacional e internacional, y entre los actores académicos y los usuarios. El papel del mundo académico y de la investigación en esta economía política del conocimiento es central porque contribuye a la formación de las instituciones públicas, a la regulación de los mercados y los usos, a las competencias jurídicas y, en general, a las interacciones entre los diferentes actores digitales.